El uso de las pruebas relacionadas con el caso de corrupción destapado por la operación Lava Jato se discutía hacía cinco meses.
«El acuerdo logrado permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta puesta a su disposición para que en sus investigaciones tengan posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con la justicia de ese país a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada», dice el comunicado de la Procuración, a cargo interinamente de Eduardo Casal.
Finalmente, las pruebas que constan en el proceso Lava Jato de Brasil no podrán utilizarse en contra de quienes se encuentran alcanzados por los acuerdos de lenidad ni en procesos distintos en los que la información fue compartida.
Por esas restricciones, los fiscales argentinos deberán evaluar en cada caso la conveniencia de utilizar este acuerdo.
En la Argentina, el acuerdo se venía discutiendo hacía cinco meses en el marco de una mesa de trabajo interinstitucional conformada en la Procuración General de la Nación.
Además de los fiscales que investigan las causas vinculadas a Odebrecht en la Argentina, participaron la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, representantes de la Cancillería, de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Justicia.
«El texto final aprobado logra respetar los estándares derivados de convenios internacionales que los dos Estados han suscrito, los principios y normas jurídicas internas de cada país y al mismo tiempo se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil. Ello, además de no impedir o entorpecer las acciones que puedan ejercerse en el país», destaca el comunicado.
El acuerdo había sido anunciado hace pocos días por el Ministerio Público de Brasil, pero en ese momento la Procuración argentina desmintió los avances.
Hasta ahora, Argentina formaba parte de un selecto grupo de países en los que la información de los arrepentidos de la constructora Odebrecht no podía ser utilizada. Los otros dos países son Venezuela y Angola.
Con el acuerdo y los datos que recibirán los fiscales, la Justicia argentina podrá ir detrás de quienes recibieron las coimas y de quienes las pagaron.
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