Hugo Moyano consideró que la causa que investiga la extorsión a empresarios "es un ataque" de "un Gobierno que pretende quitarle derechos a los trabajadores".
Por lo pronto, el secretario general de la Federación de Camioneros consideró que la una causa que investiga extorsión «es un ataque» de «un Gobierno que pretende quitarle derechos a los trabajadores» y advirtió que «no conseguirán doblegar» a la organización sindical que conduce.
«Nos atacan porque no aceptamos que se modifiquen los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores. Nos quieren bajar la indemnización y eso no lo vamos a permitir. Es por eso que se ordenó este allanamiento», afirmó Moyano en declaraciones formuladas a la señal televisiva Crónica TV.
Los procedimientos se realizaron en la sede central de Camioneros; en la Secretaría de Deportes del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, ubicadas en la calle San José al 1.700 en el barrio porteño de Constitución, y en la sede del Club Camioneros, de la calle Víctor Hugo al 2.500 en el barrio porteño de Villa Real.
El objetivo de los allanamientos dispuestos por la Justicia es seguir obteniendo documentación en el marco de la investigación sobre supuestas extorsiones sufridas por empresarios. Este jueves ya se había realizado otro allanamiento, por la misma investigación, bajo una orden del Juzgado de Garantías 1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián.
Lo cierto es que los allanamientos en Camioneros comenzaron este jueves centrándose en la sede de Constitución y en un local del sindicato en San Migual. La situación de Moyano con la Justicia dista de ser apacible ya que fue citado por el Juzgado Federal 2 de Córdoba a declarar por presunto lavado de dinero en la compra venta de inmuebles en esa provincia.
Por lo pronto, el camionero deberá presentarse el próximo 31 de mayo en el marco de la investigación en la que está imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano. El eje de la causa es la compra por parte del Sindicato de Chóferes de Camiones en diciembre de 2013 de terrenos en La Falda (en Punilla, a unos 70 kilómetros de la capital provincial).
El gremio pagó 6 millones de pesos por cinco inmuebles que habían sido adquiridos por otra persona dos meses antes por unos 310.000 pesos. La base imponible de los terrenos era de 964.553 pesos, por lo que la brecha entre las operaciones es lo que origina la sospecha que termina en denuncia.
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