El ministro de Justicia confirmó además que el juicio político a la procuradora general será "un tema central" en el Congreso tras las elecciones
El funcionario también sostuvo que la decisión que tomó ayer el juez federal Julián Ercolini de procesar por fraude al Estado a la procuradora «crea por primera vez en el país una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina».
En declaraciones radiales, Garavano repasó que Gils Carbó tiene una denuncia por proteger al empresario vinculado al kirchnerismo Lázaro Báez y «ahora ha sido procesada por un hecho grave, un hecho de corrupción por la compra de un edificio», en referencia a las irregularidades que se le imputan por la adquisición del inmueble destinado a la Procuración General de la Nación en el microcentro porteño.
Según el funcionario, «por la situación que ella atraviesa, no debería poder llevar bien adelante su tarea así que sería lógico que pida, al menos, licencia hasta que se resuelva su situación judicial» y recordó que «esta fue la misma postura» que tuvo la propia Gils Carbó cuando el fiscal nacional José María Campagnoli fue suspendido.
«Necesitamos un procurador que dé garantías a la sociedad y que pueda encarar la transformación del sistema penal para la lucha contra el delito que la sociedad reclama», juzgó el funcionario, quien consideró que el puesto que ocupa Gils Carbó «es el más importante en la persecución penal».
Garavano también admitió que la ofensiva del Gobierno contra Gils Carbó «puede ser considerada una cuestión política», pero remarcó que «no es una cuestión política partidaria sino institucional, porque si nosotros no tenemos un procurador que es respetado por sus pares y que pueda liderar este proceso de transformación siempre vamos a tener un sistema penal rengo».
En este sentido, enfatizó que «es el Congreso, más allá de los avances de la Justicia, el que va a tener que decidir sobre el futuro de la procuradora«, lo que -planteó- será «un tema central» en la agenda parlamentaria para después de los comicios del 22.
Ayer, Ercolini procesó por primera vez a una jefa de fiscales, en este caso por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos, junto a otro cuatro imputados que participaron de la operación de la compra del edificio de la Procuración.
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