La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue procesada por el juez Julián Ercolini por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública en el caso en el que se investiga el sospechoso pago de comisiones en la compra del edificio de la calle Perón al 600.
En la investigación se demostró que se pagaron comisiones por la compra del edificio que la Procuración abonó $43.850.000 a la empresa Arfinsa del Grupo Bemberg.
Esa empresa a su vez le pagó a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry la suma de 7,7 millones de pesos en comisión por el asesoramiento para la venta del inmueble.
Al mismo tiempo, Jaureguiberry le pagó 3 millones de pesos por asesoramiento específico para la licitación del edificio de la calle Perón a Juan Carlos Thill un productor de seguros de la ciudad de La Plata, que no tenía relación con el negocio inmobiliario.
En ese sentido, el magistrado procesó a Gils Carbó, Bellingi, Thill, Jaureguiberry y a Adrián González Fischer, ejecutivo de ArFinsa, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A su vez, Ercolini fijó un embargo de 7 millones de pesos para Gils Carbó y Bellingi y uno de 5 millones para los otros tres procesados.
El juez sostuvo en su resolución de 211 páginas que Gils Carbó y Bellingi violaron «consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos» e «idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667».
«Se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional», agregó el magistrado.
