Aunque el gobierno de Javier Milei celebró que el desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre, en Casa Rosada buscan soslayar que el empleo creció casi exclusivamente en el segmento del trabajo informal.
La medida fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Educación que se publicó este martes. La base de datos estará disponible en la web
El texto remarca que la consulta pública al Registro arrojará los siguientes datos: nombre y apellido del graduado, Documento Nacional de Identidad, denominación del título universitario obtenido y datos de la institución universitaria que lo expidió.
En los considerandos de la norma, la cartera educativa argumentó que «la voluntad de crear un Registro resulta una política tendiente a posibilitar el acceso a la información que produce el Ministerio de Educación de la Nación como así también evidencia el afán de incrementar la transparencia en la gestión«.
La cartera que maneja Finocchiaro aseguró que, al contar con el Sistema Informático de Certificaciones (SICEr) y el Sistema Informático de Convalidaciones (SISCo), «es factible la generación de una base de datos fidedigna y confiable desde la cual, puedan recuperarse rápidamente tanto los registros de egresados poseedores de títulos y otras certificaciones de estudios universitarios expedidos por las instituciones universitarias argentinas y debidamente legalizados por el Ministerio de Educación como así también las titulaciones universitarias expedidas en el extranjero que han sido convalidadas por este Ministerio». Asimismo, la resolución autoriza a las universidades a cargar en el SICEr datos correspondientes a los graduados previos a la vigencia del registro.
«Se vienen implementando medidas tendientes a incrementar el uso de las herramientas tecnológicas que se hallan a disposición del Estado Nacional ampliando las posibilidades de acceso a la información pública y transparentando procesos, luego de años de estancamiento», argumentaron. El Ministerio destacó, además, que el Registro «permitirá facilitar la consulta a organismos públicos y privados, asociaciones o colegios profesionales, al sector empresarial y productivo y a toda la ciudadanía en general sobre los títulos pertenecientes a los profesionales universitarios».
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