El Gobierno mantiene impaga la deuda con las obras sociales

Pasados catorce meses del anuncio oficial de una «reparación histórica» para las obras sociales sindicales, la CGT reconoció que el Gobierno no saldó un peso de los desembolsos comprometidos.

Se trata de $4.500 millones que la administración de Mauricio Macri había puesto a disposición como fondo de emergencia para brindarles asistencia financiera a las entidades de salud de los gremios o facilitarles obras de infraestructura pero que quedaron desde entonces congelados y sujetos a una negociación constante que, en teoría, recién debería ver un avance tras las elecciones. Una lógica similar a la que aplicó Cristina de Kirchner en su relación con la central sindical para mantener a raya la conflictividad.

El monto formaba parte de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los principales referentes de la CGT poco antes de la reunificación de la organización, hasta entonces dividida en tres fracciones. El anuncio, que hizo el propio Macri el 2 de agosto de 2016 en la Casa Rosada con la plana mayor del sindicalismo tradicional, representó el eje de la tregua que esa representación mantuvo hasta ahora con el Gobierno.

Aquel entendimiento implicaba la definición de un destino concreto para 30 mil millones de pesos acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución (conformado por aportes al fisco de las obras sociales retenidos para el repago de tratamientos o medicamentos muy costosos) que el Gobierno anterior retuvo como elemento de negociación con la cúpula sindical. 

El acuerdo con Macri por ese valor global incluyó destrabar $2.700 millones para saldar tratamientos impagos cuyos expedientes estaban pendientes; la constitución de un fondo de emergencia y asistencia por $4.500 millones; la aplicación de $8.000 millones a un plan denominado Cobertura Universal de Salud (CUS, que debería ir a las entidades públicas), y la colocación de otros 15 mil millones de pesos en bonos Bonar 20.

De los cuatro ejes la CGT admitió que sólo se pagaron los 2.700 millones de pesos que debían cubrir tratamientos o medicamentos ya otorgados por las obras sociales. Sobre los $8.000 millones, que por la aplicación de intereses se convirtieron en la actualidad en $9.300 millones, el Ministerio de Salud todavía negocia con la dirigencia sindical la letra chica del acuerdo para destinarlo a mejorar la ya existente cobertura sanitaria universal. Este jueves se reunirá con ese propósito un comité de expertos de la central con el equipo designado por el ministro Jorge Lemus. 

José Luis Lingeri, el encargado de esta gestión por la CGT, reconoció que a contramano de los anuncios hechos por el Gobierno sobre el lanzamiento de la CUS «aún no hay nada concreto y se supone que recién después de las elecciones habrá alguna definición» para poner en marcha el plan.

De igual modo, el triunviro de CGT, Héctor Daer y el propio Lingeri reconocieron que el Ejecutivo no hizo giro alguno de los $4.500 millones que, según el anuncio, debían brindar «asistencia financiera a las obras sociales, por ejemplo ante situaciones de epidemias, programas de prevención aprobados por la Superintendencia (de Salud), adquisición o remodelación de efectores propios».

En la central obrera, donde primó en las últimas semanas la postura de los dirigentes negociadores por encima de quienes planteaban endurecerse y mostrarse conflictivos ante el Gobierno, reconocen que cumplida la mitad de su mandato, Macri evitó saldar la deuda que había reconocido como «histórica» con las obras sociales sindicales y cuyo cronograma de pagos logró pavimentar una tregua implícita con ese sector gremial.