El enfrentamiento en el gremio de los mecánicos derivó en una causa por manejos de fondos de su obra social y la repercusión daña su imagen
La tensión en el máximo nivel de ese gremio, precedida por algún «carpetazo» personal entre los dirigentes enfrentados, desbordó por completo y derivó en una denuncia por el «faltante» de unos 300 millones de pesos en la obra social. Para completar, hubo un allanamiento en la sede central del sindicato. De un lado, el secretario general de los mecánicos, Ricardo Pignanelli; del otro, el dirigente y diputado Oscar Romero.
Un dirigente de la CGT lo define así: «Es la peor manera posible para resolver una interna sindical«. La calificación de «peor» se nutre al menos de tres elementos según esa visión, que no es única. En primer lugar, la onda expansiva pega sobre la devaluada imagen del sindicalismo fuera de sus propios límites. En segundo término, puede poner en tela de juicio los reclamos sobre la necesidad de mayores fondos. Y finalmente, complica, y no solo por una cuestión de imagen, la disputa por ahora insinuada sobre la posibilidad de que el Gobierno intente una baja de los aportes empresariales para el sistema de salud sindical.
Existe además un elemento nada menor y que por momentos tensa la cuerda en la relación con el Gobierno. La CGT, a través de algunos de sus máximos dirigentes, acusa al oficialismo de mover los hilos de la Justicia para provocar intervenciones en algunos sindicatos. En este terreno, admiten fuentes gremiales, el caso de SMATA desarma argumentos propios. La denuncia por el presunto manejo corrupto de fondos de la obra social partió del sector que lidera Romero y sacudió directamente a su rival, Pignanelli. En otras palabras, la judicialización de la disputa no responde a ningún factor externo.
También asoma otro dato inquietante en el mundo sindical: no es el primer quiebre interno que alimenta investigaciones sobre manejos gremiales turbios. El antecedente más notorio es el del Sindicato de Obreros Marítimos, cuyo ex jefe, Omar «Caballo» Suárez, está preso desde el año pasado bajo acusación de asociación ilícita, maniobras extorsivas y otros delitos. También allí, la investigación fue desatada por una pelea intestina extremadamente dura.
La denuncia en el SMATA es llamativa en cuanto a la cifra de las posibles irregularidades, porque podría equivaler a la recaudación completa de seis o siete meses en el caso de obras sociales de ese porte. Pero al margen del número, abre la puerta a la investigación de la caja principal del gremio y, tal vez, a la actividad o propiedad de empresas que operan en servicios de salud.
La disputa de los mecánicos, tal como destacan fuentes sindicales, no es ideológica –por ejemplo, entre comisiones internas de izquierda y conducciones del peronismo tradicional- sino por espacios entre vertientes de un mismo origen y, en este caso, con cierta proyección en el juego electoral. Linealmente, se destaca que Pignanelli se ha referenciado en Cristina Fernández de Kirchner, al margen de algún gesto amigable con el Gobierno, y que Romero ha jugado en la ruptura del bloque kirchnerista, junto a Diego Bossio, y busca, casi sin chance, su reelección como diputado en la lista de Florencio Randazzo.
Lo mejor, en la mirada sindical, es que el escándalo de SMATA se agote pronto y sin estridencia. Pero hay un interrogante abierto sobre otro punto de esa disputa. Si Pignanelli avanza con la idea de expulsar a Romero, podría abrirse otro capítulo judicial. Otra vía censurada en el manual del sindicalismo tradicional.
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