Pedro Sánchez indicó que a la hora del corte desaparecieron 15 gigavatios (GW) en apenas cinco segundos, lo que equivaldría “al 60 % de la demanda del país en ese momento”.
Tras la condena conocida este martes contra el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, el interrogante que surgió en Brasil y el mundo es si el líder del PT irá preso o podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2018.
Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión y una prohibición para ejercer cargos públicos por 19 años. Pero nada de esto se ejecutará hasta que la sentencia sea ratificada por un tribunal de segunda instancia.
En su fallo, el juez Sergio Moro afirma que podría «decretar la prisión preventiva» para prevenir la «destrucción de pruebas», pero luego sostiene que como «la prisión cautelar de un ex presidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde el juzgmiento de la Corte de Apelación antes de que se produzcan las consecuencias propias de la condena. Así, el ex Presidente podrá presentar su apelación en libertad«.
Por ahora, entonces, Lula permanecerá en libertad y nada le impide ser candidato presidencial, comicios para los que figura primero en las encuestas, aunque simultáneamente, con un alto nivel de impopularidad que le dificultaría el triunfo en una segunda vuelta.
La condena de Sergio Moro será apelada por el ex presidente y recién quedará firme si la ratifica en segunda instancia el Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre. En promedio, ese tribunal viene tomándose un plazo de un año y medio para revisar las sentencias de Moro.
Recién después de que el fallo sea ratificado, Lula debería ir preso, como ocurrió con otros políticos y empresarios investigados en el Lava Jato. En ese momento, quedaría inhabilitado para presentarse como candidato a un cargo electivo.
En ese mometno, Lula podría pedir una decisión cautelar que lo habilite a ser candidato hasta que su caso sea revisado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) o el Supremo Tribunal Federal (STF), pero no sería sencillo de conseguir.
Pedro Sánchez indicó que a la hora del corte desaparecieron 15 gigavatios (GW) en apenas cinco segundos, lo que equivaldría “al 60 % de la demanda del país en ese momento”.
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