«Que el gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas«. La frase la habría lanzado en los últimos días el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en los pasillos del Congreso frente a una avanzada judicial en su contra.
A raíz de esta expresión, otro fiscal, en este caso Carlos Rívolo, le solicitó al ex funcionario que aclare en un plazo de 48 horas si efectivamente se manifestó en esos términos y, en caso de una respuesta afirmativa, que explique los detalles sobre esas supuestas cuentas.
«Son supuestos dichos, ante ciertos testigos en un pasillo. No tenemos acreditado que sean los dichos de De Vido, no tenemos los testigos, no han aparecido hasta el momento y serían algunos colegas de la oposición, pero se abre una investigación a los efectos de saber si esta frase le pertenece», explicó Rívolo en diálogo con radio Mitre.
El fiscal, además, aseguró que el funcionario tiene la posibilidad de declarar por escrito. «Le pedí detalles sobre eso, sobre el traspaso de dinero entre estas cuentas, sobre si es algo espurio. Las 48 horas rigen desde hoy«, agregó.
Aunque el juez federal Luis Rodríguez decidió no pedir el desafuero para la detención del ex ministro y actual diputado nacional, la Cámara Federal porteña reabrió una investigación en su contra por la licitación de la Usina Térmica de Río Turbio, al revocar un sobreseimiento con el que lo había beneficiado el juez Claudio Bonadio.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II de la Cámara, revocaron el sobreseimiento de De Vido y otros imputados en el caso de la construcción de esa central energética a raíz de un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Esta es la segunda vez que la Cámara Federal ordena reabrir la investigación por el dinero que se destinó a la construcción de esa central que nunca se hizo.
Por otro lado, De Vido también fue procesado por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas de colectivos y recibió un embargo de 1.000 millones de pesos. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, quien también procesó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos (actual diputado nacional kirchnerista por Santa Fe), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
