Diputados debaten cambios para aprobar la ley de responsabilidad empresaria

Diputados de Cambiemos continuarán con sus pares del Frente Renovador y del bloque Justicialista las negociaciones para destrabar el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que la semana pasada fue aprobado en general y cuyo tratamiento definitivo fue postergado ante las marcadas diferencias a la hora de votar en particular.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), su compañero de bloque Luis Petri y el representante de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, son quienes llevan adelante la recolección de propuestas de los bloques opositores.

Entre los bloques que plantean objeciones en algunos artículos, pero en los cuales el gobierno cree que se puede llegar a un acuerdo, se encuentran el Frente Renovador, que dejó la negociación técnica en manos de Mónica Litza, y el Justicialista, que es representado por el salteño Pablo Kosiner.

Oficialistas y opositores deben trabajar intensamente durante el lunes y martes si es que pretenden llegar con un texto consensuado a la sesión del miércoles a las 10, una continuación de la que pasó a cuarto intermedio.

La sesión del miércoles pasado fracasó cuando los diputados, tras aprobar el texto en general, comenzaron a analizar artículo por artículo, y en el artículo 1, que estipula qué delitos serían alcanzados por la nueva ley, la oposición propuso ampliarlo a los de trata de personas y ambientales, entre otros.

Con las modificaciones realizadas por la oposición, aceptadas a medias y sin que quedara del todo claro qué texto se estaba votando, Cambiemos perdió por poco margen la votación, e inmediatamente advirtió que la misma o peor suerte podían correr otros artículos que, a priori, eran más polémicos que el 1.

«Nuestra voluntad es que haya una ley que combata la corrupción, pero queremos que no haya eximición de pena y se incorporen todos los delitos establecidos en el Código Penal«, explicó Litza.

Esos artículos, que constituyen el eje de las diferencias entre oficialistas y opositores y en cuya negociación se consulta a la Oficina Anticorrupción, son el 5, el 20 y el 37.

El 5 regula la extinción de la acción penal para las empresas que hayan pagado sobornos, pero acepten un acuerdo de colaboración eficaz para dar información sobre esos delitos.

En ese punto, desde el massismo piden que a cambio de colaboración no se anulen las penas, como propone el oficialismo, sino que las mismas solo puedan ser levemente moderadas en su alcance.

El artículo 20 del proyecto de ley establece que si la empresa da información útil para esclarecer un hecho de corrupción previo a la elevación a juicio ésta se «exime la persecución penal», si bien se mantienen las sanciones económicas.

«Sin colaborador eficaz no hay ley posible. Es el sistema que se usa en todo el mundo», aclaró la diputada Burgos, en defensa de la figura que desde el Poder Ejecutivo idearon para incluir en el texto.

Pero sin dudas, de los tres mencionados, el más polémico es el artículo 37, que permitiría que, para hechos previos a la ley, el procurador del Tesoro negocie acuerdos con las empresas arrepentidas que quieran dar información sobre hechos de corrupción.

En este artículo, las críticas opositoras apuntan a que fue para permitirle al Poder Ejecutivo intentar una negociación sorteando la intervención del Ministerio Público Fiscal, especialmente para la causa Odebrecht.