Castillo se negó a declarar y pidió protección para su familia

Jorge Castillo, el líder de La Salada, se negó a declarar esta madrugada en el marco de la causa que lo investiga como jefe de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros de la feria en Ingeniero Budge, y pidió a la Justicia protección, tanto para él como para su familiares detenidos.

Fuentes judiciales aseguraron que Castillo fue indagado cerca de la una de la madrugada por el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, quien lo acusó del delito de «asociación ilícita en grado de organizador o jefe» y de «homicidio en grado de tentativa calificado por haberse utilizado un arma de fuego y por haberse cometido contra un integrante de fuerzas de seguridad».
Por recomendación de sus abogados, el «Rey de La Salada» se negó a declarar, tras lo cual le solicitó a Scalera «un resguardo de integridad física tanto para él como para los miembros de su familia que también están detenidos».
Castillo es una de las 21 personas que permanecen detenidas en el marco de la investigación; entre ellos se encuentran su hermano, su cuñada y dos de sus sobrinos, como así también tres policías en actividad.
Tras la indagatoria, Castillo fue trasladado nuevamente a la Alcaidía 3 de La Plata, donde permanecerá detenido hasta tanto se resuelva su situación judicial.
«Ayer fue una jornada muy intensa, se cumplió con las declaraciones en calidad de imputados de todos los detenidos, que son 21 en total», dijo el fiscal en declaraciones radiales, tras lo cual también explicó que «todos se negaron a declarar, salvo los dos efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires».
«Después de haber recibido declaración a los imputados, cuento con un mes para solicitar o no la conversión de las detenciones en prisión preventiva», aseguró Scalera, y agregó: «En ese tiempo evaluaré la prueba que se ha agregado a la causa y la que se produzca en estos días».
Tanto Castillo como sus familiares, los policías y el resto de los involucrados fueron detenidos el miércoles tras una serie de 55 allanamientos realizados en distintos puntos del conurbano bonaerense.
«Se pudo establecer la existencia de distintas organizaciones criminales que operan en la zona de La Salada y que claramente responden a una lógica de crimen organizado», explico Scalera. Dentro de las acciones desarrolladas están la ocupación ilegal del espacio público para puestos ilegales y el cobro ilegal de cánones, alquileres y servicios a los puesteros y comerciantes.
Asimismo, según la investigación, en caso que los puesteros no pudieran afrontar el pago de alguno de estos «impuestos», los feriantes «eran coaccionados, amenazados y agredidos físicamente y hasta se le robaba su mercadería».