El presidente catalán, Carles Puigdemont, se comprometió a aplicar de manera inmediata el resultado; la Moncloa considera ilegal la convocatoria
«¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente con forma de república?», es la pregunta que pretende hacer el separatismo a los votantes. El presidente catalán, Carles Puigdemont, se comprometió a aplicar de manera inmediata el resultado.
En la práctica, la jugada de los secesionistas desata una enorme crisis institucional que lleva años incubándose. El gobierno español de Mariano Rajoy y las principales fuerzas políticas nacionales consideran ilegal la convocatoria. Lo mismo opina el Tribunal Constitucional (TC), que ya anuló varias decisiones de las autoridades catalanas que tendían a impulsar la independencia.
«Nunca se va a celebrar», insistieron fuentes de la Moncloa apenas difundida la noticia.
La gran incógnita que surge ahora es qué medidas tomará Rajoy si Puigdemont y sus aliados sostienen su rebeldía. El líder separatista ya advirtió que no acatará órdenes de los tribunales españoles que impliquen postergar lo que él considera «el legítimo derecho de un país a decidir sobre su futuro».
En 2014 el anterior jefe del gobierno catalán, Artur Mas, convocó una consulta popular no vinculante sobre la independencia. Después de varias sentencias contrarias del TC, decidió convertir el acto en un «proceso participativo», sin valor legal. Puso las urnas y fue a votar cerca de la mitad del padrón (con un 80% en favor de la secesión). Por aquel desacato, Mas fue condenado este año a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A pesar de ese antecedente, Puigdemont anunció la fecha y la pregunta del referéndum en un acto solemne en el Palacio de la Generalitat, en Barcelona. Asumió toda la responsabilidad de la decisión. «Ratificamos nuestra voluntad de ejercer el legítimo derecho de autodeterminación de una nación milenaria», dijo.
Junto al presidente regional -del Partido Democrático de Cataluña- compareció su principal aliado, Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana. También dieron su respaldo los anarquistas de la CUP. Estas tres fuerzas independentistas sumaron el 47,7% de los votos en las elecciones autonómicas de 2015. Ese caudal les alcanzó para tener mayoría parlamentaria, pero debilitó su posición al no conseguir el apoyo de la mitad más uno del electorado.
Aun así la coalición separatista se declaró empoderada para construir el camino a la independencia. Se puso como límite el otoño de este año para cumplir su promesa de organizar el referéndum. El riesgo de no hacerlo era que se desinfle el fervor popular del nacionalismo catalán, algo que reflejan desde hace meses las encuestas.
El anuncio de esta mañana pone fin a la parodia de negociación que intentó Puigdemont con el gobierno español, que desde un principio sostuvo que era impensable autorizar una votación que pone en riesgo la integridad del Estado.
Cataluña, con 8 millones de habitantes, es la más rica de las comunidades autónomas que conforman España. Tiene el 19% del PBI y es uno de los principales motores industriales del país.
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