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El debate se concretará después del congreso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, adonde confluirán el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con decenas de sindicalistas y empresarios. Las partes aprovecharán la convivencia europea para afinar los números de ese debate y también ajustar el inminente decreto de creación de un ente para analizar las prestaciones médicas de las prepagas y las obras sociales, según publica Ámbito.
El mínimo salarial en la actualidad es de $8.060 y el Gobierno esperan una variación no mayor a $9.600, que implicaría alrededor de 20%, en línea con los arreglos salariales en Comercio, construcción (Uocra) y estatales (UPCN). La conducción de CGT, en tanto, prevé llevar el monto a 10 mil pesos, con una variación del 25 por ciento.
Sin embargo la discusión estará cruzada por posturas de máxima, tanto dentro de la central mayoritaria como de parte de las CTA. Los gremios industriales enrolados en la CGT apuntarán a una suba de acuerdo a los parámetros internacionales que estipulan que el mínimo debería representar un 60% del promedio salarial formal. Este razonamiento demandaría subir el piso a $13 mil. En tanto que las CTA, habitualmente con planteos maximalistas, pedirán llevar el piso a entre 14 y 15 mil pesos para asimilarlo a la canasta de la pobreza.
En la Argentina el debate por el mínimo es esencialmente figurativo. Apenas involucra de manera directa a unos 200 mil trabajadores no alcanzados por convenios colectivos y el valor tiene incidencia en la paritaria docente, siempre y cuando el Gobierno resuelva convocarla, algo contrario a su actual plan.
Al menos para la CGT, más que el salario mínimo la preocupación de los próximos días será la creación por DNU de una Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud (Agnet), un organismo planteado como instancia para contener los juicios iniciados por afiliados de prepagas y obras sociales para la obtención de tratamientos médicos y remedios no brindados por sus prestadores. Ayer el Gobierno dio un paso en ese sentido al emitir una resolución que faculta a la Superintendencia de Salud para eliminar o sumar prestaciones al Programa Médico Obligatorio.
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