
La denuncia de Carrió contra los funcionarios del Ministerio de Energía fue presentada el 22 de noviembre del año pasado por posibles beneficios a empresas en las que trabajaron antes de llegar al Gobierno. La denuncia penal de «Lilita» fue contra Sureda, Pablo Popik (subsecretario de Refinación y Comercialización) y Luis Barile (director nacional de Gas Licuado de Petróleo). Carrió los denunció por el delito de «negociaciones incompatibles con la función pública» por sus trabajos anteriores en Esso, Pan American Energy, Bridas y otras petroleras, ya que pasaron a ser funcionarios públicos del área en cuestión y los acusó de «negociaciones incompatibles» por maniobras con el gas.
Tanto Sureda como Popik ocuparon altos cargos en las principales petroleras del país. Hasta diciembre y desde 1999, Sureda se desempeñó como vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE), la mayor productora de crudo argentina, cuyas acciones comparten Bridas y la china CNOOC. Popik, trabajó entre 1998 y 1999 en Repsol YPF y luego ocupó distintos cargos en Exxon, tras lo cual fue gerente de Planeamiento y Economía en Axion Energy, entre octubre de 2012 y diciembre de 2015. En Axion, que estuvo a cargo de la compra de las estaciones de la petrolera (Exxon).
La presentación de Carrió lleva el número 16819/2016 y recayó en el juzgado federal 11 a cargo del juez Claudio Bonadio. La diputada solicitó investigar a los funcionarios «a fin de determinarse si los nombrados, en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la función pública; afectando la ‘imparcialidad’ y ‘fidelidad’ en el desempeño de sus funciones».
«La Dirección de Gas Licuado de Petróleo, dependiente del Ministerio de Energía, es el área encargada de distribuir entre las empresas fraccionadoras, los cupos de gas propano para ser envasados, fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluido», explicó Carrió en su denuncia. La diputada expresó que en junio y agosto de este año, «los denunciados habrían beneficiado directa y/o indirectamente a las empresas» al eximirlas «de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor en reemplazo de los aportes que las dos primeras debían realizar; los habría cubierto la empresa estatal ENARSA».
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