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La consideración del magistrado fue porque investiga si la actividad tanto de las minas «El Veladero» como «Lama» de la firma Barrick Gold afecta la zona de glaciares o pre glaciares, el único tramo de la causa con la cual se quedó tras ser abruptamente corrido de la investigación contra funcionarios nacionales y provinciales por los sucesivos derrame de agua cianurada.
En septiembre de 2015 fue el primer cimbronazo, cuando se conoció que se había derramado un millón de litros de solución cianurada por la rotura de un caño maestro y, al año siguiente el mismo mes, se registró un nuevo derrame que puso en jaque a la empresa canadiense.
En marzo pasado se produjo el tercer derrame en menos de un año y medio y fue por «el desacople de cañerías ubicadas sobre un canal de contención que transportan solución rica (conduce oro y plata)», informó un comunicado del Ministerio de Minería de San Juan.
Cuando tuvo lugar el primer derrame, en el juzgado de Jáchal quedó radicada la investigación sobre la Barrick Gold, en tanto que Casanello tenía en su poder aquella para determinar si tenían alguna responsabilidad funcionarios del área tanto provinciales como nacionales.
Pero el año pasado abruptamente la Corte Suprema de Justicia le quitó el expediente a Casanello y consideró que todo debía investigarse en Jáchal, pues es una causa que podría tener alcances sobre el actual ministro de Ambiente de la Nacion, Sergio Bergman.
Mucha especulación hubo tras el fallo de la Corte Suprema, pues se pronunció a pocas horas de que el geólogo a nivel internacional Robert Morán entregara el informe que es demoledor en cuanto a las condiciones de seguridad de la mina El Veladero.
La «Asamblea Jáchal no se toca» buscó una alternativa y ante el juez Casanello reclamó que se investigue un delito de competencia federal, la violación de la ley de glaciares, y ahora el juez intenta determinar si la actividad de la mina la pone en riesgo.
Para eso es clave una inspección ocular que en 2016 había ordenado el juez sobre la mina para saber si hay contaminación, la cual fue realizada por policías federales, expertos de Medio Ambiente y Morán.
Pero los resultados no se conocen oficialmente: al menos Casanello aún no pudo acceder a ellos volvió a reclamarlos a su colega de Jáchal en San Juan para que los remita «con urgencia».
A su vez el juez hizo saber que ese informe es clave para tomar una determinación a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de Energía y Minería Nacional así como el de San Juan, y a la Gobernación provincial.
«La producción de eventos contaminantes, no uno sino varios, obliga a considerar de modo definitivo su cierre pues son los hechos en su más cruda realidad lo que demuestran que las medidas de prevención fracasaron y los pronósticos fueron equivocados», consideró Casanello en la resolución firmada esta semana.
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