Las violaciones de las dos jóvenes habían sido cometidas en julio y noviembre de 2010. Además, hubo un tercer caso por el que Wagner, apodado «El Melli», fue absuelto por el beneficio de la duda: no se pudo determinar si fue él o su hermano gemelo, Maximiliano Wagner, el autor de la violación. En 2012, Wagner había recibido una pena de 9 años de prisión. Sin embargo, se encontraba en libertad desde el año pasado por la decisión del juez Rossi.
«Este Consejo Correccional emite opinión desfavorable en relación a lo peticionado por el interno penado», dijo en su conclusión el informe de la Unidad 9 de Gualeguaychú del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, conocida como «Granja Penal» o «Colonia El Potrero», donde pasó sus últimos días detenido Wagner.
«Visto lo dictaminado en el informe del Equipo Técnico Criminológico de esta Unidad, donde se emite opinión desfavorable y que el interno, más allá de respetar las normas establecidas en esta institución y de cumplir con laborterapia a través del espacio laboral brindado por el establecimiento, en el aspecto educativo y psicoterapéutico no se ha incorporado a los espacios que brinda la Unidad Penal», agrega el documento que lleva la firma del director de la Unidad 9, alcaide mayor Ricardo Iglesias; el jefe de la División Industrial, adjutor Sergio Quintana; el jefe de la División Tratamiento Correccional, adjutor principal Alfredo Carballo; y del jefe de la División Cuerpo Penitenciario, subalcaide Hugo Imas.
La advertencia del Servicio Penitenciario no fue suficiente para el juez Rossi, quien otorgó el beneficio de la libertad condicional a Wagner el 5 de julio de 2016, aun cuando su condena a prisión expiraba el 16 de julio de 2018.
En una entrevista de 2014 al diario El Argentino de Gualeguaychú, el juez Rossi sostuvo que «ninguna de las opiniones que intervienen en los informes sobre un recluso es vinculante» sino que «son estudios que me dan orientación para una mejor decisión». El magistrado recordaba entonces que «los internos son evaluados permanentemente y calificados cada tres meses» por un equipo interdisciplinario, que «evalúan cómo el interno se ha adaptado al tratamiento para la reinserción que se le ha fijado. Si la persona resulta refractaria a ese tratamiento, lo posicionan de manera desfavorable».
Ese informe fue el que decidió ignorar el año pasado para liberar al principal sospechoso por el asesinato de Micaela García.
Ayer viernes, una marcha de vecinos de Gualeguaychú recorrió el centro de la ciudad hasta los Tribunales y luego hasta la casa del juez Rossi. Además, el senador provincial Nicolás Mattiauda adelantó que presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos.
Micaela tenía 21 años y fue vista por última vez el pasado sábado 1° de abril a las 5 am, cuando salió del boliche King, en Gualeguay, y se fue caminando rumbo a su casa. Desde entonces, era buscada intensamente por los investigadores. García era oriunda de Concepción del Uruguay, pero estudiaba profesorado de Educación Física en Gualeguay.
Tras las primeras pesquisas, los investigadores pudieron identificar a la joven en las cámaras de seguridad privada de la zona próxima al boliche, y mostraron a un Renault 18 Break con vidrios polarizados merodeando la zona.
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