Uno de los argumentos para concederle la probation fue que durante la huelga no hubo incidentes producto de las amenazas de Viviani.
Viviani había amenazado el miércoles con «dar vuelta» los taxis que no adhieran al paro general podría configurar un delito de con una pena de 5 a 10 años de prisión.
Viviani había pedido una probation en la que se comprometió, además, a donar 20.000 pesos a la Fundación Favaloro (por única vez) y a realizar un curso sobre Derechos Humanos. Todo eso lo ofreció para evitar la imputación en los delitos que tienen una pena de entre uno y 10 años de prisión.
Desde el punto de vista del fiscal, resolvió el caso en poco tiempo y le agregó los trabajos comunitarios. Además, si Viviani hipoteticamente incumple con el acuerdo o vuelve a amenazar, iría adelante con el proceso penal.
Fuentes de la fiscalía aseguraron que Viviani «no compareció» el miércoles pero que «sí vino un abogado», para solicitar una prórroga en la citación. Finalmente, Viviani se presentó se alcanzó el acuerdo.
El jueves, si bien el fiscal reconoció que haberse retractado públicamente sirve de «atenuante», advirtió que «la disculpa no borra el delito».
Consultado por radio La Red sobre la pena que podría aplicársele al jefe del gremio de los taxistas, dijo: «En este caso, que sería una amenaza coactiva agravada, estamos hablando de 5 a 10 años (de prisión), de cumplimiento efectivo». Asimismo, precisó que los dichos de Viviani disparan otras «múltiples calificaciones penales», como «instigación a cometer un delito vinculado a la actividad profesional e instigación a cometer daño».
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, había calificado de «gravísimas» las declaraciones del sindicalista al considerar que ese tipo de expresiones llevan al país a «épocas del pasado de violencia, que hay que dejar atrás».
Garavano aseguró que «está claro que los dichos son de un exceso y violencia verbal que anunciaba una violencia física, que en el país tenemos que desterrar para siempre».
En diálogo con radio El Mundo, Garavano enfatizó: «Yo creo que los dichos han sido gravísimos, de una gravedad inusitada, de que un dirigente gremial arengue a su tropa, a sus compañeros de sindicato a destruir los vehículos que funcionen el día de paro, nos llevan a épocas del pasado de violencia que tenemos que dejar atrás».Sin embargo, el funcionario prefirió no opinar sobre el proceso que se le puede abrir a Viviani porque «se puede incidir en las actuaciones de un juez o fiscal».
El martes se conoció un video en el que Viviani arengaba a sus afiliados a parar en la huelga de ayer convocada por la CGT y llamó a «dar vuelta los coches» para que tenga éxito la medida de fuerza.
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