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El fallo, que lleva la firma de la jueza Dora Eva Temis, sostiene que la Ley de Educación Nacional ordena al Gobierno implementar la partida presupuestaria para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional «al quinto día de la presente orden judicial».
La medida se conoció en el segundo día de paro docente y el mismo día de la huelga nacional convocada por la CGT.
Este nuevo paro cuenta con la adhesión de los sindicatos Ctera, SADOP y UDA, luego de que en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal atara la continuidad de las negociaciones y la presentación de una propuesta superadora a que no se realicen más huelgas.
Según informó la Justicia, la medida es de cumplimiento efectivo, pero puede ser apelada, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró que así lo harán.
«Vamos a apelar. Hay animosidad. Los fundamentos del fallo no se comprueban, no hay incumplimiento de la ley», advirtió Bullrich en diálogo con el canal de noticias TN.
El ministro de Educación agregó que «el fallo no es propio de la Justicia», denunció que de «lo que se trata es estirar el conflicto» y «volvió a insistir en que si los docentes vuelven a las aulas, la gobernadora Vidal está dispuesta a recibirlos».
El funcionario aseguró que a más tardar mañana por la mañana apelarán y afirmó que «hay docentes que cobran 72% más en relación a lo que cobraban antes de Macri».
A poco de conocerse la intención oficial de apelar la medida, el secretario General de Suteba, Roberto Baradel, le pidió al Gobierno «cumplir los fallos de la Justicia» porque, a su parecer, «los fundamentos del fallo son contundentes».
«Que primero cumplan con el fallo de la Justicia, queda claro que es un reclamo justo, tenemos la posibilidad de cambiar la página y abrir una impasse en la resolución del conflicto docente», sostuvo Baradel, que así puso como condición para levantar las medidas de fuerza el acatamiento al fallo que el Gobierno rechaza.
La decisión llegó pocos días después de que se conociera que el 70 % de los docentes bonaerense consultados por los gremios que mantienen el reclamo había rechazado continuar con la medida de fuerza, cambiar la página.
En un extenso fallo la Justicia laboral le dio la razón al planteo de UDA y sostuvo que la Ley de Educación Nacional 26.075 ordena al Gobierno a implementar las partidas presupuestarias para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional al quinto día de la presente orden judicial. Cabe destacar que la medida puede ser apelada pero es de cumplimiento efectivo.
En tanto, desde el gremio que conduce Roberto Baradel presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que el gobierno bonaerense realiza una serie de actos violatorios a los derechos sindical.
«Este conflicto se resuelve poniéndole dinero en el bolsillo a los trabajadores. A los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes, no pueden afrontar el pago de tarifas, los traslados, ni la compra de útiles ni otros elementos y nada dice de eso la gobernadora porque no se ha manifestado en ningún sentido de mejorar el poder de compra de los trabajadores», expresó el miércoles Sergio Romero en diálogo con Radio 10.
«El año pasado el presupuesto se estableció en $ 111.000 millones, de los cuales $ 12.000 millones se subejecutaron, y no se supieron donde fueron. Con ese dinero no solo se pudo haber solucionado el conflicto de los salarios docentes, sino que se podrían haber construido escuelas. Este año están previstos $ 20.000 millones más, y son $ 131.000 millones, y vamos a hablar a fin de año para cuanto de este dinero se invirtieron realmente», reclamó.
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