La inestabilidad política es consecuencia de los resultados de los comicios legislativos en Gran bretaña el pasado jueves.
A pesar del aplazamiento, el negociador jefe europeo –ex canciller francés y ex comisario europeo- Michel Barnier empezará ya a preparar aspectos técnicos de la negociación con el funcionario designado por Londres, Olly Robbins. Estas conversaciones previas se dedican a establecer el formato de la negociación.
El viernes dimitió el jefe de gabinete de la primera ministra Theresa May, que debía ser uno de los hombres que negociaran en nombre de Londres, y los conservadores británicos todavía negocian con los unionistas norirlandeses para garantizarse la investidura de May.
La indefinición política en Londres hace imposible, considera la Comisión Europea, que arranquen unas negociaciones que los europeos preparan desde hace meses y para las que el gobierno británico parece poco preparado.
Los 27 gobiernos restantes del bloque acordaron a finales de abril una hoja de ruta y las prioridades políticas que defenderá el lado europeo en las negociaciones. La Comisión Europea nombró a un equipo negociador –que ya cuenta con decenas de personas- y que dirigirá Barnier.
Mientras, altos cargos del gobierno británico siguen hablando de ‘Brexit duro’ y ‘Brexit blando’ sin concretar propuestas, sin comunicar a Bruselas quiénes se sentarán en la mesa a negociar y cuáles son los objetivos de Londres en la negociación.
May había dado indicios antes de los comicios de que quería una versión ‘dura’ del Brexit. Eso implica, para impedir la libre circulación de personas y por lo tanto que los europeos tengan derecho a residir y trabajar en el Reino Unido en igualdad de derechos que los británicos, la salida del Reino Unido del mercado común europeo.
Esa salida, si no se negocia un futuro acuerdo comercial, implica que el país perdería su acceso al mercado al que van casi la mitad de sus exportaciones y las entidades financieras de la City londinense verían cortado sus negocios en los mercados financieros europeos.
Los europeos por su parte llevan semanas anunciando sus primeras tres prioridades. En primer lugar quieren que se garanticen los derechos actuales de los 3,2 millones de residentes europeos en el Reino Unido y de los 1,2 millones de británicos que viven en el esto del bloque.
Además, presentarán a Londres una ‘factura’ de salida, que podría irse hasta los 100.000 millones de euros –y que se encarece día a día por la caída de la libra esterlina con respecto al euro- y que en todo caso superaría los 60.000 millones. En Londres no hay postura oficial sobre ese pago, pero Bruselas repite que no es ni una multa ni una venganza, sino simplemente la petición a Londres de que haga honor a los compromisos financieros que contrajo como miembro de la UE.
La tercera prioridad europea es un acuerdo que permita que Irlanda del Norte e Irlanda no tengan que levantar una frontera con aduanas, que rompería la libre circulación en la isla y podría poner en riesgo los acuerdos de paz que acabaron con décadas de violencia en el norte de la isla. El gobierno irlandés –que puede vetar el acuerdo final entre Europa y el Reino Unido- ya advirtió al británico de la importancia de lograr un acuerdo que permita esa libre circulación.
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