La Oficina Anticorrupción investigará al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan y pedirá un descargo.
Díaz Gilligan, que figuró ante el banco como «representante» de la empresa y «accionista», negó al periódico que los fondos fueran suyos.
La cuenta se abrió en 2012, cuando Díaz Gilligan era asesor del Gobierno porteño, y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014, cuando el político llevaba un año como director general de Promoción Turística del consistorio.
Asimismo, estuvo a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, que pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.
«Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, éste decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014», según un acta «confidencial» de la BPA citada por El País.
Díaz Gilligan subraya que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un «favor» a un amigo, Francisco «Paco» Casal.
«Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo», indicó el subsecretario general de la Presidencia.
También explicó los motivos de su salida de la empresa en 2014: «Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal».
Díaz Gilligan vendió Line Action el 3 de noviembre de 2014, once meses después de desembarcar en el Ayuntamiento de Buenos Aires.
A su vez, el dirigente abandonó entonces su puesto de director de la mercantil, pero volvió a ocupar el mismo cargo horas después, según el registro mercantil del Reino Unido, pero él afirmó desconocer este detalle.
Tras la publicación de la investigación, la Oficina Anticorrupción adelantó que le solicitará un descargo al funcionario y analizará si había consignado el depósito en su declaración jurada obligatoria.
A la par, el organismo presidido por Laura Alonso le enviará un oficio a la Banca Privada D’Andorra y a la UIF para que remitan toda la información sobre el caso.
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