El 20 de marzo, el juez Ercolini estará en condiciones de elevar la principal investigación por corrupción contra la ex presidente.
Junto a la senadora nacional, se encuentran acusados el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y José López.
El caso es el más importante que enfrenta la exmandataria y de él penden otras investigaciones conexas, como Hotesur y Los Sauces. En el caso de las rutas patagónicas se investigan contratos por $46.000 millones, a precios actualizados.
En esta causa están todos acusados de integrar una banda para «apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada» de los fondos asignados a la obra pública en Santa Cruz. Para el juez, Cristina Kirchner direccionó las obras para favorecer a Báez.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ya acusaron y pidieron que el caso llegue a juicio. Lo mismo hicieron las agencias del Gobierno que actúan como querellantes: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
El caso pasó a las defensas, que tienen un plazo que vence los próximos días para presentar sus escritos, y el juez resolverá.
Cristina se presentó a mediados de enero y pidió ser juzgada, ya que aseguró poder demostrar las arbitrariedades del caso.
«Si bien el papel resiste cualquier cosa, la oralidad y la publicidad propias de una audiencia de debate habrán de tornar sumamente dificultoso que se pueda mantener un trámite procesal tan alejado de la verdad y de los principios que informa el Estado de Derecho», expresó su defensa.
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