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El ministro de Transporte cuestionó la marcha del 21 de febrero y aseguró que "no tiene acompañamiento del movimiento sindical".
«Tiene expresiones patoteras y prepotentes», sostuvo Dietrich, quién rechazó la marcha que el sindicato liderado por los Moyano hará el próximo 21 de febrero y recordó que una gran cantidad de sindicatos no adherirá a la protesta.
«En vez de ir a la justicia y responder las acusaciones que hay plantea esta situación de una marcha en la cual prácticamente no tiene acompañamiento del movimiento sindical, y de casi ningún sindicato de transporte», dijo Dietrich, que se expresó en línea con otros funcionarios.
De la marcha ya se bajaron los gremios de Obras Sanitarias, Porteros, UTA, Comercio, UOCRA, UPCN, La Fraternidad y Alimentación, entre otros.
«Una vez cada dos meses nos juntamos con Gerardo Martínez de UOCRA y evaluamos como está el empleo, las obras, los PPP (participación pública y privada) que van a generar más puestos de trabajo que todo lo que se ha generado; también con Roberto Fernández (de UTA) con el cual estamos viendo desafíos con colectivos de larga distancia», explicó el funcionario, en una entrevista a Radio Mitre.
Por otro lado, Dietrich señaló que «la economía está creciendo, la inflación está bajando y en el sector de camioneros empieza a ser cada vez más difícil conseguir personal».
«Moyano no acompaña el proceso con los sindicatos para ver cómo mejoramos las condiciones para generar trabajo», expresó el ministro.
En este sentido, Dietrich anticipó que firmará un nuevo convenio con ferroviarios, uno de los gremios que no participará de la marcha.
«El miércoles firmaremos un nuevo convenio de relaciones laborales con la Unión Ferroviaria con el secretario general, que es Sergio Sasia, y que mejora la situación de los trabajadores para el tren y también para los usuarios», adelantó.
El líder de Camioneros prepara una fuerte protesta contra el Gobierno para el próximo 21 de febrero. La movilización se producirá en un contexto de enfrentamiento con el Ejecutivo, por las medidas de control que impulsa la Casa Rosada en los gremios, sumado al avance de las causas judiciales por corrupción en los sindicatos.
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